El grupo municipal Izquierda Unida–Podemos–Alianza Verde ha denunciado públicamente los riesgos que, a su juicio, conlleva el proyecto autorizado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para reutilizar aguas residuales de la industria del curtido de pieles en el regadío agrícola de Lorca (Murcia), tras un doble tratamiento en las depuradoras locales.
El portavoz de la coalición, Pedro Sosa, ha alertado de que esta mezcla de aguas industriales con las residuales urbanas, tratadas en la EDAR de La Hoya, podría contener metales pesados como el cromo. Sosa advierte que la aparición de residuos de este tipo en productos agrícolas exportados, como una lechuga con trazas de cromo, «podría hundir en días uno de los pilares del sistema productivo lorquino», explica.
Según ha manifestado el portavoz de IU-Verdes Lorca, ni los regantes ni la ciudadanía han sido debidamente informados de esta iniciativa, a pesar de que el Ayuntamiento de Lorca solicitó el permiso hace cuatro años. El concejal ha asegurado que los regantes han presentado alegaciones por escrito, preocupados por la posibilidad de que sus cultivos se rieguen con agua contaminada.
Sosa ha mostrado además imágenes del cauce del río Guadalentín a su paso por Marchena, en las que se observa el agua con un color oscuro, como prueba de que los vertidos actuales siguen estando contaminados. Ha denunciado que ni la depuradora del curtido ni la EDAR de La Hoya han recibido inversiones significativas en los últimos años para mejorar su capacidad de depuración.
«El Ayuntamiento lleva décadas asumiendo una competencia impropia, pagando multas millonarias por la contaminación del río, mientras que las empresas privadas y los organismos competentes, como Esamur y la parte privada de Aguas de Lorca, recogen beneficios y no asumen responsabilidades», ha afirmado Sosa. Entre 2022 y 2023, los lorquinos pagaron más de 230 000 euros en sanciones impuestas por la CHS por vertidos contaminantes, ha recordado.
Aunque Aguas de Lorca ha defendido el proyecto asegurando que estará sujeto a un «riguroso plan de control analítico», desde la coalición de izquierdas se insiste en que no existen garantías suficientes de que el tratamiento elimine completamente los metales pesados.
