La economía sumergida es desde hace muchos años uno de los grandes problemas al que debe hacer frente el sector del calzado y su industria anexa. Conscientes de esta complicada situación, el sindicato Comisiones Obreras y la Asociación Española de Componentes para el Calzado (AEC) se reunieron recientemente para debatir, analizar y manifestar públicamente su «negativa inapelable e inexcusable a las prácticas y comportamientos ilícitos que adoptan algunas personas que vulneran la legalidad y ponen en peligro el estado del bienestar».
Ambas partes coincidieron en trasladar a la mesa de la economía sumergida, que lidera el Ayuntamiento de Elche, la necesidad de poner en marcha un plan director que defina los objetivos y las líneas maestras de actuación a seguir «para erradicar de una vez por todas la economía sumergida». Dicho plan deberá ser el documento que regule y defina las líneas de actuación y los protocolos a seguir para resolver el problema.
La patronal AEC solicitó a la mesa de la economía sumergida un análisis más exhaustivo sobre la situación actual, aportando datos actualizados, y un compromiso por parte de la administración para dar soluciones reales. Entre estas medidas propuestas destaca la solicitud de obligación legal al compromiso de pertenencia de las empresas a la patronal y de los trabajadores al sindicato. Por su parte, el sindicato propuso la creación de un sello social al que las empresas puedan optar si cumplen con la legislación laboral y fiscal. El plan director exigirá, además, la aplicación inmediata de medidas penales para aquellas personas que no cumplan con la normativa legal, que oculten la información y que adopten malas prácticas. «A través de este plan se quiere exigir a la Administración local, autonómica y central mayores esfuerzos para impulsar a la inspección a que persiga al que incumpla, que es precisamente el que de cara a la Administración no existe y por lo tanto no se le inspecciona habitualmente», explican desde AEC.
Por último, durante la reunión se puso de manifiesto la importancia de informar y concienciar sobre los perjuicios de la economía sumergida mediante campañas de comunicación y charlas en institutos y universidades.